Pendiente la previsión de los uniformados

Andrés Sanfuentes

Los recientes episodios ocurridos con las pensiones de los uniformados han reflejado varios hechos, que son una reiteración de las carencias ocurridas en los gobiernos de Piñera y Bachelet, que no supieron enfrentar y menos resolver problemas de arrastre, que se han venido acumulando por más de un decenio, entre ellos la modernización del Estado y, muy especialmente, la situación del personal público y su régimen de retiro.

En el gobierno actual una de sus metas fue el Plan Laboral, que finalmente se concentró en la sindicalización y la negociación colectiva, dejando de lado otros aspectos también fundamentales como la situación de los empleados públicos, cuyo régimen es una sucesión de medidas aisladas que carecen de coherencia y que no solo terminaron con la tradicional carrera funcionaria, sino también alejadas de las profundas transformaciones ocurridas en el país. Un botón de muestra es que los trabajadores a contrata superaron a los de planta (un análisis más completo está en Asuntos Públicos Nº1192 del 22/04/2015, “El empleo en el Sector Público, un desorden creciente”).

En el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden (FA y O), la situación ha detonado en los casos de Capredena y Dipreca, en que las irregularidades no solo responden a asuntos de ética de los involucrados y los serios problemas de control de las autoridades institucionales, sino también a normas actualmente obsoletas y que, a pesar de ser conocidas, no tuvieron las correcciones indispensables, de manera que posibilitaban las anormalidades.

Las FA y O tienen una estructura institucional piramidal, diseñada tradicionalmente no solo por su naturaleza, que busca el ascenso de los mejores al mando, sino previendo el retiro por diferentes motivos, como mejores perspectivas en otros empleos. Como consecuencia un porcentaje se pensiona en un régimen especial, las cajas de previsión especiales, como era habitual antes de la reforma de 1981. Por lo tanto, los uniformados no fueron traspasados a las AFP y podían jubilar antes de los 65 años de edad.

Esos argumentos respondieron a una realidad que cambió radicalmente. Las FA y O también se modernizaron fuertemente, al igual que muchas actividades públicas y privadas; en este proceso la tecnificación fue profunda, no solo en la Aviación y la Marina, donde se inició, sino también en el Ejército, en que la caballería montada fue sustituida por la motorizada y la infantería pasó a utilizar un contingente cada vez menor. En las Fuerzas de Orden ocurrió algo similar. El principal argumento esgrimido, que el personal que pasaba a retiro no podía encontrar otro empleo, ya no es válido. No solo en la Aviación se pueden emplear en las líneas privadas y los marinos en los mercantes, también la tecnología creciente en el Ejército los hace necesarios en amplias alternativas. La creciente necesidad de seguridad privada ofrece un vasto campo de empleo.

La incorporación de elementos que premien el mérito además de la antigüedad agrega estímulos adicionales al personal.

Por lo tanto, no hay argumentos de peso que justifiquen la mantención de las actuales Capredena y Dipreca y sus imponentes deberían ser asimilados al sistema nacional de previsión en forma progresiva. Además, el régimen vigente es un residuo del antiguo sistema de reparto, que fue modificado hace más de 30 años por su fracaso, especialmente por su inequidad y el alto costo fiscal que influyó en el déficit público y la inflación. En la actualidad, los crecientes aportes fiscales son insostenibles hacia el futuro y deben atenuarse. Esta situación se agrega a los conocidos cambios demográficos que agravan las dificultades del sistema previsional. El caso de las pensiones de las hijas solteras es decimonónico.

Por otra parte, las ventajas obvias que ofrecen esas cajas de previsión hacen necesaria su modificación, de manera de evitar muchas irregularidades estimuladas por la debilidad de la naturaleza humana.

Otro cambio que se debe respaldar es la propuesta de modificar la estructura tan vertical que tienen las instituciones, en el sentido de alargar la permanencia de personal que se retira involuntariamente. La mejor demostración es el alto porcentaje recontratado que existe actualmente.